Ante la reciente entrega de antenas de la empresa Starlink en escuelas rurales de nuestra provincia por parte del Diputado Nacional Gino Visconti, consideramos fundamental fijar una postura clara respecto a las políticas de conectividad escolar y la soberanía tecnológica.
Leer más: LA SECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA ADVIERTE SOBRE LOS RIESGOS DE REEMPLAZAR LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL DE CONECTIVIDAD POR LA EMPRESA PRIVADA STARLINKEn nuestra provincia, la conectividad no es un negocio ni una dádiva: es un derecho. Bajo la gestión del Gobernador Ricardo Quintela, La Rioja ha dado un paso histórico al incorporar en su Constitución Provincial el acceso a la conectividad como un derecho de cuarta generación. Gracias a este compromiso y al trabajo coordinado con empresas estatales como Internet Para Todos y ARSAT, actualmente el 80% de las escuelas rurales riojanas cuenta con conexión, y se continúa trabajando incansablemente para alcanzar la cobertura total en las zonas de más difícil acceso.
Frente a la propuesta de un acuerdo gestionado por ENACOM con Starlink —que implicaría una inversión proyectada de 22 millones de dólares financiados mediante el descuento de sus aportes obligatorios al Fondo del Servicio Universal—, advertimos a la comunidad sobre los graves peligros que este esquema representa para el sistema educativo provincial:
Límite y tope de datos pedagógicos: Starlink impone un tope de uso de 5 Terabytes por escuela. En contraste, Las redes nacionales como ARSAT ofrecen hasta 50 Megas sin límite de datos. Un esquema con tope de consumo corre el riesgo de agotarse a mitad del ciclo lectivo, interrumpiendo el proceso de enseñanza y el desarrollo de proyectos digitales.
El Aumento e impacto fiscal a mediano plazo: Una vez finalizado el «período de gracia» de un año, la tarifa del servicio privado aumentaría un 166% (alcanzando unos US$ 160 por establecimiento). Esto generará una carga fiscal insostenible para la provincia a la hora de dar continuidad al servicio.
La Vulneración de la privacidad de datos de nuestros estudiantes: Las políticas de privacidad de la firma privada contemplan la transferencia de metadatos y tráfico de red hacia jurisdicciones extranjeras como EE.UU. y Reino Unido, cuyos estándares de protección de datos son inferiores a la normativa argentina, exponiendo información sensible de nuestras comunidades educativas.
El Riesgo de «apagón tecnológico» unilateral: Como ya sucedió en otros países de la región como Brasil, el servicio satelital privado puede sufrir interrupciones por decisiones empresariales o geopolíticas, dejando a las escuelas rurales sin conectividad de un día para el otro y sin margen de intervención para el Estado provincial.
Con esta decisión se da el Desmantelamiento y debilitamiento de la infraestructura pública: Mientras el Estado nacional mantiene deudas millonarias con ARSAT por servicios prestados con anterioridad, se promueve destinar fondos públicos a financiar la expansión de un competidor privado extranjero. Esto desfinancia la red satelital pública nacional y a la empresa provincial Internet para todos que han garantizado la inclusión digital en el interior profundo.
La falta de transparencia: El acuerdo no especifica el listado de escuelas que se verían beneficiadas, lo que impide al Ministerio de Educación auditar, planificar o evaluar el impacto real de la medida dentro de nuestro sistema educativo.
Priorizar la continuidad pedagógica y la soberanía digital es muy importante para la gestion y nos parece que
Sustituir una infraestructura sólida y pública por un modelo dependiente de una corporación extranjera pone en riesgo la continuidad pedagógica, la estabilidad presupuestaria y la protección de los datos de nuestros niños, niñas y jóvenes.
Queremos ratificar nuestro compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad, fortaleciendo nuestras propias herramientas y defendiendo la soberanía tecnológica al servicio del pueblo riojano.