PROSCRIPCIÓN EN LA UNLAR: FUERTE DENUNCIA CONTRA LA JUNTA ELECTORAL

Los últimos acontecimientos en torno al proceso electoral en la UNLaR han encendido una señal de alerta sobre la transparencia y la equidad en la toma de decisiones.

Docentes de las carreras de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía han visto cercenados sus derechos políticos fundamentales: la Junta impide que puedan elegir y ser elegidos dentro del Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación, al cual pertenecen legítimamente según la normativa vigente de la Universidad. Esta exclusión arbitraria del padrón electoral ha sido decidida por la Junta Electoral General (JEG), sin ofrecer una justificación sólida, más allá de una interpretación imprecisa del reglamento electoral.

Una pregunta necesaria: ¿Es la Junta Electoral el órgano más importante de la Universidad, incluso por encima del Consejo Superior?

Esta interrogante surge naturalmente cuando analizamos la situación actual. El Consejo Superior, máximo órgano rector de la Universidad, establece claramente en la Ordenanza N° 193/2020 que las carreras de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía dependen del Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación (DACHyE). Sin embargo, la JEG parece haber decidido, por razones que carecen de transparencia, modificar el padrón electoral y adscribir a los docentes a un departamento al cual no pertenecen.

Lejos de ser una decisión fundada en criterios normativos, todo apunta a que estamos ante una medida eminentemente política. Así lo perciben los propios docentes, quienes han denunciado que la decisión es «arbitraria e irrazonable», afectando gravemente su derecho a participar del proceso democrático de la Universidad. Según lo expuesto en la nota enviada por los docentes, los representantes del estamento docentes también lo fueron en la composición de la anterior Junta Electoral General. Además, se resalta que «de mantenerse esta decisión, se estarían vulnerando los derechos académicos y políticos de los/as docentes en cuestión».

Resulta preocupante y por lo menos raro que, en las elecciones de 2024, se intente bloquear la participación de un grupo de docentes, rompiendo con el antecedente de que en elecciones anteriores estos mismos profesionales formaron parte del padrón de su departamento natural.

Si en 2021 estos docentes votaron en el DACHyE, ¿qué justifica que ahora deban ser asignados a otro departamento? Esta decisión de la Junta Electoral no sólo contradice la normativa establecida, sino que afecta la seguridad jurídica de todo el proceso electoral. De hecho, los firmantes de la nota subrayan que «la medida resulta contraria a los antecedentes dispuestos por esta Junta Electoral (diferente composición) lo cual afecta la seguridad jurídica no sólo de los presentantes, sino del proceso electoral en general».

La situación es aún más grave si consideramos que los docentes afectados no sólo verán limitados sus derechos a elegir a sus representantes, sino que también quedarán inhabilitados para postularse a cargos directivos dentro de sus propias carreras. Esto implica una vulneración flagrante de sus derechos políticos y académicos, lo que amenaza con deslegitimar todo el proceso electoral en curso.

Resulta pertinente volver a la pregunta central: ¿puede la Junta Electoral, con una mera modificación de su composición, tomar decisiones que contradicen lo dispuesto por el máximo órgano de la Universidad? Según la Ordenanza N° 193/2020 del Consejo Superior, las carreras afectadas pertenecen al DACHyE. De igual manera, la Ordenanza N° 171/2019 refuerza que los cargos docentes deben vincularse al departamento en el cual se dictan las asignaturas correspondientes. No existe, por lo tanto, una base legal para que la JEG excluya a los docentes del padrón de su departamento natural. Por lo tanto, la única conclusión plausible es que esta medida responde a intereses políticos que buscan alterar la composición electoral, en lugar de garantizar un proceso transparente y justo.

La naturaleza arbitraria de esta decisión plantea un serio riesgo para la democracia interna de la UNLaR. Si el proceso electoral no respeta los derechos de los docentes y se modifica el padrón de manera inconsistente y maniquea, se corre el peligro de que las elecciones carezcan de legitimidad. Como advirtieron los docentes en su nota: «De mantenerse esta decisión, se estarían vulnerando los derechos académicos y políticos de los/as docentes en cuestión, quienes se verían imposibilitados de participar en el proceso democrático de la Universidad durante las elecciones de 2024 en su derecho a elegir y ser elegidos».

Es fundamental que la comunidad universitaria exija una revisión inmediata de esta medida. La rectificación del padrón no sólo es necesaria para garantizar el normal desarrollo de las elecciones, sino también para preservar los principios democráticos y participativos que deben regir en toda institución académica.