La creciente tensión social en varias provincias aliadas al gobierno nacional de Javier Milei evidencia una paradoja inquietante: el apoyo político no alcanza para contener el malestar económico y los reclamos inmediatos de la población.
Leer más: TENSIÓN SOCIAL EN LAS PROVINCIAS «MILEISTAS»: ¿SE QUIEBRA EL APOYO TERRITORIAL?En el frente gremial y salarial, los conflictos se multiplican. En Catamarca, docentes autoconvocados mantienen vigilias y cortes de ruta en reclamo de mejoras. Jujuy enfrenta una latente crisis policial por desigualdades salariales en la cúpula. En Santa Fe, el inicio del ciclo lectivo 2026 se vio marcado por paros masivos docentes y protestas de agentes policiales exigiendo aumentos y atención a la salud mental, generando fricciones directas con familias y el sistema educativo. A esto se suman despidos y movilizaciones en el Parque Industrial de Tucumán, donde las protestas apuntan tanto al gobernador local como al Ejecutivo nacional.
Paralelamente, la relación con la Nación muestra grietas financieras. Gobernadores alineados —como los de Mendoza, Chaco y otros del norte— expresan fricciones por la asignación de fondos coparticipables y la ejecución de obras públicas. La dependencia de recursos federales para sostener gasto social choca con la rigidez del ajuste central, alimentando una presión constante que podría erosionar esas alianzas. El malestar social crece y pone a prueba la sostenibilidad de este modelo de gobernabilidad.